viernes, 4 de agosto de 2017

Intervención de Hans Corell en el IBAHRI para recordar la obligación de Marruecos de investigar los casos de tortura contra los saharauis

Fuente y foto: Algerie Patriotique. Londres, Boudjemaa Selimia. 3 de agosto de 2017
Traducción: Diario La Realidad Saharaui, DLRS
Más de una veintena de activistas saharauis encarcelados en Marruecos, algunos afirman que las pruebas presentadas en el juicio se obtuvieron mediante la tortura. El Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBAHRI), con sede en Londres, recordó a este país su compromiso internacional para investigar varios incidentes sospechosos en los que los presos afirman haber sido sometidos a duras torturas para obligarlos a "confesar" o involucrar a otros en actividades ilegales.
El Embajador (retirado) Hans Corell, Copresidente de IBAHRI, declaró al respecto: "Marruecos ratificó en 1993 la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, IBAHRI recuerda a las autoridades del país de su obligación de garantizar una investigación imparcial inmediatamente siempre que haya motivos razonables para creer que un acto de tortura se ha cometido en su país. Los casos alarmantes de activistas saharauis, algunos de los cuales están en peligro de cadena perpetua tras un juicio plagado de irregularidades de procedimiento, sin embargo, constituyen sin duda una situación que requiere que se garantice dicha investigación. Como Estado signatario de la Convención, Marruecos debe investigar al respecto, incluso en ausencia de quejas de las víctimas. Además, el acuerdo estipula que las pruebas obtenidas mediante tortura son inadmisible en los tribunales. Es evidente que, en el caso de los acusados, Marruecos ha incumplido sus obligaciones".
Los activistas saharauis, también conocido como "Grupo de Gdeim Izik" fueron juzgados por un tribunal militar en 2013 y condenados a largas penas de prisión por los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en 2010, cuando el campamento de protesta de Gdeim Izik, en el Sahara occidental, desmantelado. El campamento fue organizado en el marco del largo conflicto territorial entre Marruecos y la población saharaui representada por el Frente Polisario.
En 2016, la Corte de Casación, la más alta instancia de justicia de Marruecos, ordenó que los presos saharauis se presentaran ante la Sala de la Corte de Apelación de Rabat, tras una modificación de la ley de justicia militar de Marruecos que puso fin a los juicios de civiles ante tribunales militares. Ingrid Metton y Olfa Ouled dos abogados de la defensa, han sido las dos rechazadas a entrar en la sala del juicio.
El nuevo proceso ante la Corte de Apelación de Rabat ha repetido esencialmente las condenas previamente dictadas, con ocho acusados a cadena perpetua. Al igual que en el juicio militar anterior, el tribunal civil no llevó a cabo una investigación seria sobre las acusaciones contra los acusados, que afirman que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Se realizaron exámenes médicos para verificar las denuncias de tortura de los acusados, pero siete años después de las presuntas torturas.
El Embajador Corell añadió: "El uso de la tortura nunca es justificable. El fracaso para reaccionar rápidamente con la atención que merecen las denuncias de tortura, conduce a las autoridades marroquíes a legitimar la violación de una ley, considerada durante mucho tiempo como no susceptible de suspensión.

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